Debate Público

S.O.S. medio ambiente. La nueva era y los nuevos protagonistas

Por Jesuhadín Pérez Valdés
El Estado protege al Medio Ambiente y los recursos naturales del país.
Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.
Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política.
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza.
Artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba
 
Foto: Jesuhadín Pérez Valdés.
Pensemos un momento en la contaminación ambiental: chimeneas, desechos, derrames, residuos radioactivos. Todo nos suena lejano. Ajeno. Nosotros tenemos pocas chimeneas, poco petróleo y nada de Radio, Torio, Radón, Uranio, Plutonio u otro elemento de esa familia peligrosa. ¿Desechos? Sí, pero, papel, cartón, plástico y alguna excreta humana que rueda calle abajo envuelta en agua negra hasta las vías pluviales. Nada que nos quite el sueño todavía.
La lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, la caza indiscriminada de ballenas, o la pérdida de hábitat de decenas de especies por la tala indiscriminada, es un asunto que apunta más bien al primer mundo. Por lo tanto no nos concierne.Lo nuestro son los precios, los empleos, la moneda devaluada, los insumos, la emigración, la violencia y los ciclones. ¡Estos sí son problemas! Lo de estar bajando gatitos de los postes de electricidad, salvando perros abandonados, o fregando carapachos de tortuga embarrados de petróleo, es cosa de niñatos ricos que tienen sus problemas de supervivencia resueltos.
Seamos honestos, si cuando usted regresa de Guanahacabibes se encuentra un venado herido en la carretera ¿en quién piensa, en el veterinario o en la policía? ¿Le salvamos o le convertimos en “venado al ajillo”? ¿Corremos o nos escondemos? Por otra parte, ¿a quién le importa la contaminación del río cuando vaciar su tanque séptico le cuesta cinco días de salario? o ¿quién piensa en la deforestación cuando el techo del hogar se hunde sobre la cabeza y la madera de un árbol es la salvación? Pensamos como vivimos. Actuamos según un razonamiento basado en nuestras necesidades más acuciantes; mientras tanto seguimos teniendo la estereotipada imagen que nos facilitan los medios: “El primer mundo caótico, industrializado y consumista es el culpable del deterioro del medio ambiente. Nosotros «los pobres» somos solo las víctimas.” Esto no coincide con la verdad absoluta, pero nos ayuda a vivir sin remordimientos.
En el océano, en los 1450 W y los 390 N existe un enorme remolino de basura que se estima tiene trece veces el tamaño de Cuba. Cierto que está fuera de nuestra jurisdicción, sin embargo el 80% de esa basura proviene de los que, a nivel mundial y desde la tierra firme, tiran sus desechos al agua. Imaginen que a nosotros los cubanos, con más de 6000 Km de costa en todo nuestro litoral y una plataforma marina de 70000 Km2, nos resultaría muy fácil deshacernos furtivamente de la basura lanzándola al agua ¿no es cierto? Sin embargo, muchos de los principales problemas medioambientales han sido el resultado de una falta de conciencia y educación ambiental de un porciento considerable de la población. Esta falta de conexión entre las personas y su medio han traído como consecuencia, en muchas ocasiones, la suciedad pululante en nuestro planeta. Nuestro actuar incide directamente en el medio ambiente, tengamos conciencia de ello o no. ¿Dónde para la mayoría de los desperdicios domésticos durante nuestra semana de veraneo? ¿Dónde descargan nuestras aguas negras?
Del dicho al hecho
Cuba tiene una impresionante amalgama de instrumentos legales para proteger el entorno. Hablando de -por ejemplo- los ecosistemas acuáticos terrestres, podríamos mencionar la existencia de -al menos- “veinte” instrumentos legales vigentes. ¡Como para tumbarnos el pelo! Y van, desde el procedimiento para la tramitación de los expedientes de insalubridad de lagunas y terrenos pantanosos, aprobado el 21 de marzo de 1895, hasta el Decreto-Ley 138 del 1 de julio de 1993, que establece principios para el aprovechamiento de las aguas y la protección de las fuentes de abasto de los efectos perjudiciales de los arrastres, así como el saneamiento, uso racional y explotación de las instalaciones de abasto, obras hidráulicas, etcétera, etcétera, etcétera. Anexo a dicho marco legal, aflora su respectivo Decreto 199, que tipifica exhaustivamente las contravenciones correspondientes, así como designa las autoridades facultadas para imponer la fiscalización.
¡Muy bien por los legalistas! sin embargo todo esto no ha evitado que el servicio de agua potable haya sufrido limitaciones en cantidad y calidad durante muchos años en los principales asentamientos poblacionales de nuestro país, resultado de la mala administración del recurso natural, de la actitud negligente de las personas que intervienen tanto en el abasto como en el consumo, así como la falta de previsión y desarrollo de inversiones en este sector, lo que ha desembocado en la constante carencia de los productos necesarios para el tratamiento del agua potable y residual, así como el deterioro de las instalaciones y medios donde se ejecutan las actividades relacionadas con el importante recurso.
Otro tanto ocurre con los suelos. La legislación existente establece el uso, conservación, mejoramiento y rehabilitación de estos. También determina su orden de utilización, control, levantamiento cartográfico, caracterización, clasificación, fertilización, protección frente a la explotación minera, geológica, instalaciones industriales, socioeconómicas o de materiales para la construcción; así como la determinación de las contravenciones y las medidas administrativas a imponer en caso de violaciones. Todo lo anterior no ha impedido que más de 100 toneladas de suelos vayan a parar al mar cada año por causa de la erosión.
En 1976 se creó la Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales, se le otorgó el rango constitucional a la protección del Medio Ambiente, al ser incluido este explícitamente en la Constitución de 1976 (Artículo 27). El 10 de enero de 1981 se promulgó la   Ley   33 “De Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales”. En los noventa se aprobó el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (adecuación cubana de la Agenda 21), y en 1994 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Pese a todo, estudios realizados por el propio CITMA, veinte años después de incluir el Medio Ambiente en nuestra Constitución socialista, concluyeron que “los procesos erosivos afectaban más de 4 millones de hectáreas, el alto grado de acidez 1,7 millones de hectáreas, la elevada salinidad y sodicidad alrededor de 1 millón de hectáreas, la compactación unos 2 millones de hectáreas, los problemas de drenaje se contabilizan en 2,7 millones de hectáreas, y que el 60% de la superficie del país se encuentre afectada por estos y otros factores que pueden conducir a los procesos de desertificación” (CITMA. Estrategia Ambiental Nacional. pág. 9/Versión digital).
¿Entonces para qué tantas leyes? Existe un divorcio entre el orden teórico formal establecido y la realidad existente. Tanto orden y tanto papeleo de sobremesa no consiguen los resultados esperados. Al menos esto es lo que aflora.
Otro tanto sucede con el aire. “En diversas zonas del país, a escala local, existen situaciones de deficiente calidad del aire, derivadas -según el propio estudio- de las ubicaciones desatinadas de centros industriales y asentamientos poblacionales, la pobre aplicación del conocimiento científico en la prevención de estos problemas, así como «la violación de la legislación ambiental». A lo anterior se une la no disponibilidad, por su elevado costo, de sistemas modernos y eficientes de depuración de las emisiones, sistemas obsoletos de transporte, el uso de diversos combustibles domésticos contaminantes, insuficiente calidad y cantidad de las áreas verdes, altos niveles de ruidos en los asentamientos humanos más poblados y otras” (CITMA. Estrategia Ambiental Nacional. pág. 9/Versión digital). Los peores focos de contaminación se encuentran en La Habana (con fuerte incidencia en Mariel), Moa, Nicaro, Nuevitas y Santiago de Cuba, constituyéndose la industria como principal foco contaminante de la atmósfera.
Y mientras el aire se contamina, los sistemas de monitoreo se deterioran, llegando incluso a la paralización casi por completo del examen urbano sobre asuntos tales como la acidificación atmosférica, los episodios regionales de ozono superficial y aerosoles de sulfatos, entre otros.
A esto añadámosle que “la mayoría de las instalaciones que manejan desechos peligrosos no cuentan con un tratamiento y disposición segura, a lo que se unen, insuficiencias tanto en el inventario cualitativo y cuantitativo de estos, como en el trabajo realizado en la reducción, reutilización, reciclaje y máximo aprovechamiento de las materias primas y los desechos, y dificultades en el manejo ambientalmente racional en todo el ciclo de los productos químicos-tóxicos” (CITMA. Estrategia Ambiental Nacional. pág. 11/Versión digital).
Algo ha fallado entonces. La protección y el reconocimiento legal han sido letra muerta. La situación ambiental empeora en tanto nosotros seguimos pensando que es “el primer mundo caótico, industrializado y consumista, el culpable del deterioro del planeta, y nosotros los pobres, solo las víctimas.”
No, nosotros los pobres no somos solo víctimas. Nosotros los pobres, precisamente por carecer de los recursos y medios para contribuir al mejoramiento del nivel de vida y a la protección efectiva del medio ambiente, somos a veces los más aciagos contaminantes. Nuestra mentalidad supervivencialista, nos hace ver los problemas medioambientales como secundarios, restándole importancia a las cuestiones relacionados con la preservación del entorno, convirtiéndonos -de hecho- en depredadores de la naturaleza y por añadidura, en sus más agresivos contaminantes.
Tan solo la recolección y disposición de los desechos sólidos en Cuba es un verdadero desastre. La falta de depósitos para la recolección de basura y su irregular recogida, provoca la enorme proliferación de micro-vertederos en zonas habitadas, en los límites de centros educacionales con régimen de internado, en campamentos de trabajadores y en los centros hospitalarios. De eso somos testigos todos.
Existen, también, deficiencias en el estado higiénico-sanitario de los vertederos legales existentes y su régimen de protección. Problemas serios en la operación de los rellenos sanitarios, así como la inadecuada recolección y disposición de los residuos hospitalarios que, en muchas ocasiones, se recolectan con la basura domiciliaria y constituyen un riesgo enorme para la salud.
Ante este cuadro tan desfavorable ¿Quién se remangará la camisa? ¿La Agencia (cubana) de Medio Ambiente (AMA)? ¿El Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA)? ¿El Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental (CIGEA)? ¿El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (SNAP)? ¿El Instituto de Geografía Tropical? ¿El propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), máxima autoridad en política ambiental? Hasta ahora ellos han tenido la última palabra en lo concerniente a política ambiental. Conocemos los resultados. ¿Entonces? Quizá sea hora de surjan nuevos actores.
La hora de la sociedad civil ha llegado
Este es el momento de cambiar los paternalistas métodos que impiden la participación directa de los ciudadanos en la resolución de los problemas medioambientales, así como su implicación en la puesta en marcha de las alternativas ciudadanas autónomas e independientes.
Hasta ahora las diligencias ejecutadas por actores conectados al cordón umbilical del aparato estatal, han dejado mucho que desear. Y puede que sea precisamente esta conexión directa, la que les impida a los propios actores involucrados, reconocer y resolver los acuciantes problemas ambientales.
Es por todos conocido, que el equilibrio falla cuando se es juez y parte. ¿Ante quién recurrir -por ejemplo- cuando el vertedero público carece del relleno sanitario con control de gases y de lixiviación? ¿Qué hacer cuando una ciudad (o parte de esta) ha sido diseñada para que vierta sus aguas negras directamente al río que la recorre? ¿Quién se ocupa de una zanja de residuos petroquímicos que desemboca en un predio de nadie? ¿A quién imputar la salinización, la sodificación, el exceso de acidez o la disminución de la capa vegetal de los suelos? ¿A quién demandar por la introducción de especies foráneas agresivas que eliminan y extinguen nuestra fauna nativa? ¿A quién responsabilizar por la contaminación de las aguas subterráneas debido al uso intensivo de abonos químicos y pesticidas? Como vemos, no solo falla el recurso procesal teóricamente instituido, sino que también faltan los actores que defiendan el bien constitucionalmente fundado.
Es obvio que las actividades de divulgación y sensibilización pobremente organizadas por las instituciones o agencias existentes dirigidas principalmente hacia la población, no proceden en estos casos. Son necesarias actividades de presión o protesta efectuadas por agentes y actores independientes de las estructuras estatales y económicas. Estos grupos u organizaciones deben estar dispuestos a efectuar acciones destinadas a llamar la atención de la opinión pública y -muy especialmente- a presionar a los responsables del conflicto que se pretende resolver para forzarles a modificar su actuación.
Tienen que surgir iniciativas de carácter legal ante las instituciones públicas y los tribunales. Presentación de alegaciones, denuncias y procesos contenciosos, a fin de no solo detener la contaminación, sino también de buscar la manera de recuperar el medio ambiente dañado e indemnizar a las víctimas de las zonas afectadas.
Se debe dar siempre una dimensión participativa e incluyente a las campañas. Las entidades no deben convertirse en meras oficinas de denuncia o en simples lobbies de presión. Las acciones se deben abrir en contenidos, métodos y actividades, para desbordar las fronteras de una minoría ya concienciada. Se debe ser positivo y con alternativas ante las dificultades existentes y huir del catastrofismo que a menudo genera pasotismo y desaliento frente a los problemas.
Y para que esto funcione y sea efectivo, hay que soltarles amarras a nuestra actual sociedad civil. Dejar de verla como lugar donde surgen los conflictos que un Estado omnisapiente y sobreprotector ha de resolver, para convertirla en lo que realmente es: una parte indisoluble de la solución. Si no se le reconoce a la sociedad civil su verdadero papel, su esencia resolutiva y su carácter progresista en la solución de los problemas contemporáneos, entonces será la sociedad civil un problema añadido al gran problema de fondo. La sociedad civil no es un ente pasivo y reaccionario al que hay que mantenerle atado con las mil y una cuerdas, sino un órgano vivo e inquieto provisto de un enorme potencial creativo y de una extraordinaria capacidad de conciliación. Las organizaciones surgidas en la sociedad civil no son hiedras de siete cabezas creadas por absurdos enemigos internos o externos, sino el fruto maduro de sociedades comprometidas y responsables con su contexto histórico y con su futuro.
Las asociaciones, los equipos de trabajo, los grupos de interés, los grupos de presión, las ONG y demás organizaciones civiles son algunas de las formas por donde se asoma la sociedad civil de cualquier país. En Cuba, estas manifestaciones han sido prácticamente engullidas por el proceso masificatorio existente. Por eso, urge una sociedad civil consciente, articulada, activa, sin estereotipados ideologismos y -en este caso concreto- comprometida con el desarrollo sostenible, con la protección de la diversidad biológica y con la defensa de nuestro entorno frente a los elementos más perturbadores. Por ende, urgen los espacios y el reconocimiento de los grupos que emergen de esta sociedad civil, para lograr el equilibrio necesario entre las partes que integran la arquitectura social de la nación.
El medio ambiente se deterioró a pesar de las buenas intenciones de los legisladores que idearon una telaraña de instrumentos legales para protegerle. Tampoco fueron suficientes las elaboradísimas estrategias fabricadas por los organismos encargados, ni la buena voluntad de las instituciones políticas del país. Y no se salvará con spots de televisión ni con teleconferencias. El medio ambiente lo salvan los cubanos preocupados con la actual situación y comprometidos con su entorno. El medio ambiente se salvará en un contexto de libertad que permita a los elementos sociales que integran nuestra sociedad, comportarse como lo que realmente son: agentes activos, modeladores de medio y de las circunstancias. A veces un bosque no nos permite reparar en un árbol, pero a veces es un árbol el que nos impide ver el bosque.
A más libertad, más conciencia ambiental y más posibilidad de actuar en beneficio del planeta, nuestro único hogar, hasta el momento.
Bibliografía
CITMA. 2007. Estrategia Ambiental Sancti Spíritus. Versión digital.
CITMA.1997. Estrategia Ambiental Nacional de Cuba. Versión digital.
Constitución de la República de Cuba (24 de febrero de 1976).
EcuRed. Ciencia y Tecnología en Cuba (Período revolucionario). Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba en el período revolucionario.
EcuRed. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
EcuRed. Isla de basura del Pacífico Norte.
Isabella, Martínez (11 de febrero de 2011) Enfermedades causadas por la contaminación.
Llauguer. Aina. El ecologismo, una estrategia de EA. Versión digital.
López Ruiz, José Luis (2002). El mar: contaminación, características químicas y eutrofización. Miragueno SA Ediciones.
Touraine, Alain. ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica. México. 1995. p. 65.
Viamontes. Eulalia. Derecho Ambiental Cubano. La Habana 2007.
Wikipedia. Agencia de Medio Ambiente (Cuba).
Wikipedia. Isla de basura.
Wikipedia. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.
Wikipedia.Vertedero/Relleno sanitario.

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Jesuhadín Pérez Valdés (1973)
Cofundador del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
Reside en Pinar del Río. Cuba.
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